Existe la falsa creencia entre la población que la participación del sector privado en la generación de obras públicas y prestación de servicios públicos es perjudicial, que debe ser tarea única y exclusiva del gobierno y, además, que los sectores estratégicos, como el energético, para la economía nacional deben ser operados por el Estado. Existen tres modalidades para proveer servicios de infraestructura pública: la provisión pública, la privatización y las Asociaciones Público-Privadas (APP). En la década de los ochentas y con más fuerza en los noventas, la economía mexicana experimentó un severo proceso de privatización de empresas públicas cuyo común denominador eran las pérdidas continuas, la ineficiencia, poco competitivas y, por si fuera poco, a través de los impuestos se cubrían los números rojos que sumaban a los déficits fiscales. El caso más conocido es el de Telmex, cuando pasó a manos de Carlos Slim, en pocos años, se convirtió en una empresa de calidad mundial, competitiva, eficiente y con elevadas utilidades.
Existen sectores en la economía que son susceptibles de ser privatizados tal como el energético, el eléctrico y las telecomunicaciones. Pero, otros sectores son sumamente difíciles de privatizar como el transporte, los hospitales, las carreteras, los puentes (entre otros) que requieren de grandes inversiones de capital que salen del presupuesto público para su construcción y mantenimiento. A causa de los problemas presupuestarios, los gobiernos utilizan las Asociaciones Público-Privadas (APP) que se definen, según Engel (2007), como contratos de largo plazo entre el Estado y un privado, que combina en una sola empresa el financiamiento, la construcción, la operación y el mantenimiento de un proyecto que provee estos servicios públicos.
Es importante que no confundamos la privatización con el uso de las APP. Mientras en la primera, los activos y la infraestructura pasan a manos del privado de forma permanente; en la segunda, la empresa privada que construye o mejora la infraestructura pública debe operarla y mantenerla exclusivamente durante el plazo contractual.
En México, fue hasta el año 2012 que se creó la Ley de Asociaciones Público-Privadas, un instrumento jurídico que dotó de certeza legal a las empresas privadas que pretendían asociarse con el gobierno para el desarrollo de proyectos de infraestructura de largo plazo.
¿Cómo opera una APP? En palabras sencillas, el gobierno selecciona el proyecto de infraestructura que se realizará mediante una APP. Este proyecto se asigna a una empresa privada mediante una licitación y ésta es la encargada del diseño, construcción, financiamiento, operación, mantenimiento y provisión de la obra por un periodo de tiempo determinado, en general se establecen contratos entre los 15 y 30 años. Durante el contrato, la empresa recibe pagos periódicos ya sea por parte de los usuarios (como una autopista) o pagos por parte del gobierno que adjudicó la obra (un edificio gubernamental como el CIS en Puebla) de infraestructura o una combinación de ambos. Una vez terminado el plazo del contrato, los activos regresan al poder del gobierno.
¿Cuáles son los beneficios de las APP? Entre los beneficios más relevantes tenemos: 1) aceleración en la provisión de la infraestructura; 2) implementación de los proyectos en menos tiempo; 3) reducción de los costos del proyecto; 4) distribución eficiente de los riesgos; 5) mayores incentivos a un buen desempeño en el servicio; 6) mejor calidad en el servicio; 7) generación adicional de ingresos; y 8) enfoque del gobierno en la planeación y monitoreo del servicio.
Es importante señalar, también, que no todo proyecto de infraestructura está sujeto a construirse bajo el esquema de una APP, por ello resulta importante que el gobierno realice un análisis riguroso que resulte en la conveniencia de escoger este esquema o el tradicional.
Estimado lector, las APP no son privatizaciones, ni conducen hacia ellas. Simplemente son un esquema que mejora la eficiencia y la calidad de los bienes públicos sin la intervención directa del gobierno; por ello, se debe incentivar con más fuerza el uso de este esquema en nuestro país en los tres niveles de gobierno para eficientar el gasto público, mejorar la calidad del servicio, reducir el número de elefantes blancos y que todo esto implique ganancias para todos: el sector privado, el gobierno y la población.
Mtro. Luis Alberto Bravo Pérez
Twitter: @luisbeto8
