En lo que calificó como un proceso legal “sin precedentes”, el gobierno de México demandó este miércoles a un grupo de empresas de armas de Estados Unidos.
La demanda, presentada ante una Corte Federal en Boston, EE.UU., señala a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas de promover prácticas comerciales “negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.
Según datos del propio ejecutivo mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México.
En la presentación de la iniciativa, el gobierno especificó que no se trata de una demanda contra el gobierno de EE.UU., al que reconoció su esfuerzo por tratar de detener el tráfico ilícito de armas y establecer regulaciones que “no han sido suficientes”.
“No puede haber un incidente diplomático porque no es un litigio con el gobierno de EE.UU.“, insistió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien dijo que la demanda no sustituye otros esfuerzos necesarios y reconoció que “México tiene que hacer más y mejor para controlar su frontera”.
“Pero es indispensable. Si no hacemos una demanda de esta naturaleza y no la ganamos, no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país”, aseguró.
Impacto económico
El gobierno mexicano asegura que las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas contra la población civil y autoridades de México.
“Las empresas lo saben. Argumentan que cuando [las armas] salen a la venta, ellos ya no tienen responsabilidad, pero sí la tienen. Y por supuesto que tienen información precisa de si alguien llega y compra cinco Barretts 50″, criticó Ebrard.
Además, el canciller apuntó a que las compañías “están desarrollando diferentes modelos para el narco (…), están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglo desde el punto de vista estético y de uso”, aunque no ofreció más detalles.
La demanda, que es fruto de “dos años de trabajo”, busca que las empresas demandadas compensen económicamente al gobierno de México con un monto que será determinado en el juicio.
La exigencia se basa no solo en las muertes que genera el tráfico ilegal de armas sino en el grave impacto económico que tiene en áreas como seguridad, sanidad, comercio o turismo que, según cálculos citados por el gobierno, podrían ascender a hasta el 1,5% del PIB mexicano.
Qué se demanda a las empresas
Pero, según Ebrard, el objetivo principal del proceso no es un acuerdo económico sino que “se modifique la actuación de esas empresas que están siendo, cuando menos, negligentes”.
Así, pidió que las compañías desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, “disciplinar a sus distribuidores” al insistir en que no quedan exentas de responsabilidad del uso de las armas tras su venta.
También abogó por la incorporación de mecanismos de seguridad en las armas para prevenir que sean usadas por personas vinculadas a la delincuencia y, por último, para que las empresas paguen los estudios y campañas en medios enfocados a combatir el tráfico ilícito de armas.
“Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México”, resumió.
A la espera de conocer cuál será la respuesta de estas empresas o de la propia Casa Blanca, el gobierno mexicano dejó claro que la demanda no busca interferir en la política estadounidense sobre armas y que el litigio involucra solo a empresas privadas.
También aclaró que el proceso no atenta contra la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que reconoce el derecho de la población a poseer y portar armas, sino que se centra en los daños ocasionados en territorio mexicano donde rige una ley distinta.
“Confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando. Vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune”, concluyó Ebrard.
