En una economía de libre mercado el gobierno no debe tener injerencia en los asuntos económicos, de hecho, este agente solo tiene tres grandes responsabilidades con sus ciudadanos: 1) brindarles seguridad ante amenazas tanto internas como externas; 2) dotarlos de bienes públicos, y 3) asegurarles mediante reglas formales la propiedad privada. En nuestro país es más que evidente que el gobierno no ha cumplido con ninguna de sus tres responsabilidades, en especial la primera y la tercera.
En una economía de libre mercado el precio de los bienes y servicios se determinan bajo las fuerzas de la oferta y la demanda, es decir, entre la libre negociación entre los productores u oferentes y los consumidores o demandantes. Sin intervención del gobierno, los consumidores y productores llegan a un acuerdo, con base en decisiones descentralizadas, en el precio en el que la oferta y la demanda se igualan, en otras palabras, el precio en donde todo lo que se produce, se consume. El precio y la cantidad de equilibrio son el resultado del juego de las fuerzas de la oferta y la demanda. Así mismo, los precios nos dan información valiosa sobre la escasez o exceso de productos en el mercado, sin olvidar que también brinda incentivos tanto a vendedores como a compradores.
Adam Smith, en su libro La Riqueza de las Naciones, mencionó que la principal responsabilidad del gobierno era velar por el buen funcionamiento de los mercados, haciendo las veces de un supervisor y eliminará las rigideces que estuvieran limitando las fuerzas de la oferta y la demanda, un ejemplo de rigideces son las externalidades negativas, entre ellas la aparición de monopolios.
El presidente López Obrador presentó el programa Apoyo a Productores del Campo en donde ofrece precios de garantía para los productores de los granos básicos como arroz, trigo, maíz y frijol. ¿Qué son los precios de garantía? Digamos que es una forma de atentar contra el libre mercado, ya que se impone un precio por arriba de aquel que equilibra la oferta y la demanda, es decir, no importa el nivel de precios de cada tonelada de estos productos, el gobierno siempre les garantiza un precio, protegiendo a los productores, sobre todo, de la disminución en los precios. Estos precios por tonelada son a partir del 18 de enero los siguientes: arroz $1400; trigo $5790; maíz $5610; arroz $6120 y frijol $14,500.
¿Qué efectos produce la implementación de precios de garantía? Los efectos vienen por dos lados. El primero es económico, con el incremento de los precios de forma artificial se están mandando señales equivocadas a los agentes económicos, bajo la ley de la oferta, a mayor precio mayor será la cantidad producida de un bien, esto quiere decir que los precios de garantía les darán incentivos suficientes a los productores de estos granos a producir más, esto generará una sobreproducción en el mercado. Además, debe existir algún ente gubernamental que pueda absorber este exceso, para ello crearon la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que es un organismo sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Rural.
El segundo efecto es ambiental. Pongamos como ejemplo al jitomate. Para producir un kilo de esta verdura se necesitan aproximadamente 200 litros de agua. Para producir un kilo de arroz y de maíz se necesitan 1400 y 1220 litros agua, respectivamente. Eso implica que pueden empezar a surgir las reconversiones en el sector agrícola, es decir, que productores de otros bienes, al ver precios más altos, quieran dedicarse al cultivo del maíz, trigo, frijol o arroz. Nuestro país ya está experimentando serios problemas de agua en algunos estados de la república, imaginen que el incremento de la producción de estos granos sumado a las posibles reconversiones agrícolas multiplicará el consumo de agua por 5, en el mejor de los casos.
Este tipo de políticas también impactarán a las finanzas públicas, ya que el gobierno federal está creando un tipo de subsidio (un más), la diferencia entre el precio de mercado y el precio de garantía lo tendrá que obtener el gobierno de nuestros impuestos. Este tipo de políticas significan un regreso al pasado, una vez más el presidente toma decisiones incorrectas que pueden tener efectos negativos en el mediano plazo y largo plazo para los mismos productores y, sin duda, para el medio ambiente y las finanzas públicas.
Andrés Manuel ha anunciado el fin del periodo neoliberal, parece que es tiempo de tener una economía autárquica, cerrada al comercio internacional, en donde todo lo que se consume se produce internamente, sin importar el principio de la ventaja comparativa, él le llama “economía autosuficiente”, tal como lo plantean las economías socialistas.
Que Dios nos agarre confesados…
Dr. Luis Alberto Bravo Pérez
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