El jueves 6 de octubre, todos los 41 diputados de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Puebla aprobaron por unanimidad la iniciativa de reforma a la Constitución local. Esta reforma tiene como objetivo transformar el Poder Judicial de la entidad.
La iniciativa contempla dos funciones principales: la jurisdiccional y la de gobierno. En la primera función se incluye el trabajo del Tribunal Superior de Justicia, la Sala Constitucional, el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados.
Por otro lado, la función de gobierno estará a cargo del Consejo de la Judicatura, el cual tendrá diversas responsabilidades, como representar legalmente al Poder Judicial, supervisar la carrera judicial, administrar, vigilar, evaluar el desempeño y disciplinar, además de coordinar el Instituto de Defensoría Pública y la Escuela Estatal de Formación Judicial.
La Sala Constitucional se encargará, entre otras cosas, de resolver acciones de inconstitucionalidad, acciones presentadas por miembros de los Ayuntamientos contra normativas municipales, controversias entre poderes, ayuntamientos, municipios y órganos autónomos, acciones de tutela y acciones por omisión legislativa.
Esta reforma al Poder Judicial establece que el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Sala Constitucional y el Consejo de la Judicatura tendrán presidentes distintos que no podrán ser reelegidos después de su periodo de 4 años. Esto permite un equilibrio, balance y renovación institucional. Además, los Magistrados ya no serán vitalicios, sino que ocuparán su cargo por un periodo de 15 años. La reforma también obliga a los servidores públicos a presentar una declaración pública de intereses en relación con su relación con otros miembros del Poder Judicial, a seguir reglas de contacto para transparentar su actuación y a mantenerse actualizados de manera continua, entre otras medidas.
Según los transitorios de la iniciativa aprobada, el Congreso tiene un plazo de ciento veinte días para emitir la Ley de Carrera Judicial del Estado, la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia del Estado y la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución del Estado.
El Consejo de la Judicatura será responsable de implementar esta importante reforma, así como de coordinar las actividades institucionales, la operatividad y los procesos, informando mensualmente al Congreso del Estado sobre los avances en su implementación.
La aprobación de esta iniciativa de reforma al Poder Judicial marcará la transformación del sistema de justicia en Puebla, estableciendo una nueva estructura con el objetivo de generar condiciones de imparcialidad, honestidad y equidad para los habitantes de Puebla.
