El abogado Omar Jiménez Castro, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), emplazó al Congreso del estado y en particular a la diputada Nora Merino Escamilla, para reformar el Artículo 12 Párrafo 6 de la Constitución de Puebla, para tipificar como un delito grave y sin derecho a fianza el corte del servicio de agua y drenaje.
Lo anterior, precisó por tratarse de un derecho humano que violenta la Constitución del estado.
En entrevista, Jiménez Castro solicitó a los legisladores que en caso de reincidencia por parte de la empresa Concesiones Integrales SA de CV, que privatizó el servicio de agua en Puebla, se inicie de oficio una carpeta de investigación.
El llamado también fue a la presidente de Comisión de Medioambiente en el Congreso del estado, Nora Escamilla, para que haga prevalecer el derecho humano del acceso al agua, drenaje y saneamiento, consagrado en el Artículo 4 de la Constitución.
“Le solicito a la diputada que es momento de legislar sobre el Artículo 12 Párrafo 6, para que se prohíban los cortes de drenaje y agua, pues desde 12 de septiembre de 2013 en Puebla y 24 municipios se privatizó el servicio que era público a Concesiones Integrales”, señaló.
Desde el Foro Por una legislación popular, efectuado en Nuevo Necaxa, el activista recordó a Nora Escamilla y a la bancada de la coalición Juntos Haremos Historia en el Congreso del estado que el tema de revertir la privatización del agua es una promesa de campaña.
“Les pedimos que prohíban los cortes de agua y drenaje, y se eleve a rango constitucional la carta magna de Puebla porque ya está en la federal, y en caso de reincidir de manera oficiosa se inicie una carpeta de investigación para hacer valer nuestro derecho al agua”, enfatizó.
Argumentó que desde el sexenio morenovallista se ha querido “normalizar” este tipo de atropellos por parte de la empresa concesionaria, lo cual ha sido permitido por las autoridades.
Durante la comparecencia del director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), el abogado acusó a su titular Gustavo Gaytán Alcaraz de engañar a los clientes morosos para obligarlos a firmar convenios y a no transparentar los amparos en su contra, cobros abusivos y tardar en atender las fugas, a cambio de no cortarles el servicio.
El integrante de la ASA sostuvo que, cuando los ciudadanos se presentan a las oficinas de la concesionaria para pedir una aclaración de sus adeudos, sólo les cobran sin explicarles sus dudas.
“Están dejando en un estado de indefensión a los usuarios, aunado a que los programas de regularización en el pago del agua en realidad no ayudan, pues sólo incrementan los pagos”, desmintió.
A esto sumó que las personas deben pagar por inspecciones, multas, reconexiones y hasta el Impuesto de Valor Agregado (IVA), lo cual es inconstitucional.
La Asamblea Social del Agua (ASA) cumplió cinco años de lucha contra la privatización del líquido en Puebla, y tiene como objetivo central con la nueva conformación del Poder Legislativo y el ayuntamiento de la capital revertir el título de concesión firmado entre las autoridades, el Soapap y la empresa Concesiones Integrales, a quien entregaron la administración del servicio por 30 años con posibilidad de renovar el contrato.
Con información de: La Jornada de Oriente
